Tanto el establecimiento de un porcentaje mínimo de personas con discapacidad como la consideración de los hijos con discapacidad de los agentes en los ingresos  obliga a planificar políticas activas de acceso, capacitación y acompañamiento, fortaleciendo la responsabilidad institucional. Lejos de ser un privilegio, el cupo constituye una herramienta de equidad que nivela el punto de partida y permite avanzar hacia una inclusión sostenible y medible.

Sostener y fortalecer estos mecanismos implica consolidar una organización más justa, representativa y comprometida con el principio de igualdad de oportunidades para todas las personas.